Entrevista a Jesús Caldera

TodoPapás: Sr. Ministro, algunas asociaciones de familias se quejan de que no existe en nuestro país una política integral específica dirigida a la familia, en la que se articulen medidas de todos los ámbitos (vivienda, educación, servicios, etc.) ¿Es suficiente el Consejo Estatal de Políticas de Familia de reciente aprobación?

Jesús Caldera: El Gobierno ha llevado a cabo durante estos cuatro años de gestión una verdadera ofensiva legislativa para aumentar la protección de las familias españolas, que se ha plasmado en distintas actuaciones de gran calado social para los ciudadanos de este país. Las leyes de Dependencia y de Igualdad y la que ha establecido la ayuda por hijo de 2.500 euros y mejorado las prestaciones de las familias numerosas, monoparentales o con madre o hijo discapacitado son los ejemplos más claros, pero no los únicos, de esta política integral en materia social, que, por otra parte, ha tenido su correspondencia en otros Departamentos.

La prioridad que este Ejecutivo ha dado a la atención de las familias se ha materializado también en la creación del Consejo Estatal de las Familias, mediante el cual y por primera vez, quiero recalcarlo, se les ha dado la voz que antes no tenían.

Este Gobierno también ha cumplido con su compromiso de crear un órgano superior dedicado específicamente a las políticas de familia: la Secretaría de Estado de Servicios, Sociales, Familias y Discapacidad, puesto que tan magníficamente ha desempeñado durante este periodo Amparo Valcarce.

¿Evitará el Consejo Estatal las desigualdades territoriales en lo que a prestaciones se refiere?

Debo recordar que, por primera vez en muchos años, ha habido en España un Gobierno decidido a establecer unos derechos para todos los ciudadanos del país sin excepción. Las leyes que he mencionado con anterioridad establecen derechos subjetivos iguales para todos. Algunos de ellos, como es el caso de la ayuda por nacimiento o adopción de hijo, lo son, además, de carácter universal para todas las familias españolas.

TPP: El Gobierno ha apostado por una Ley de Igualdad que tiene entre sus fines posibilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las mujeres, incluso son cada vez más los padres que piden implicarse en el cuidado y crianza de los hijos, sin embargo los datos nos muestran otra realidad: la tasa de actividad femenina es una de las más bajas de Europa. Una amplia mayoría de los contratos a tiempo parcial corresponde a mujeres. El 99% de las solicitudes de jornadas reducidas por obligaciones familiares son hechas también por mujeres. ¿Qué se está haciendo mal?

JC: Esa era la situación con la que nos encontramos en 2004, que ya ha cambiado a mejor y pretendemos que lo siga haciendo en los próximos años. De hecho, gracias al empuje que hemos dado a la creación de empleo en este cuatrienio (casi tres millones más de nuevos puestos de trabajo) muchas mujeres han tenido la posibilidad de acceder a uno de ellos. Sólo en el último año, el 62% del empleo creado ha sido para mujeres, tendencia que, incluso, ha aumentado en el último trimestre.

Conscientes de que la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, pasa por que ambos tengan las mismas oportunidades también en el ámbito laboral, se negoció con los agentes sociales y se envió en 2006 al Parlamento un proyecto de Ley, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que, desde el pasado mes de marzo está ya en vigor, y del que ya se están notando los primeros efectos.

Precisamente, las medidas que promueven la conciliación de la vida laboral y familiar son una de las piedras angulares del texto. Entre ellas, cabe destacar la creación de un permiso de paternidad, propio del padre e independiente del de la madre, de quince días de duración y que se extenderá a treinta en la próxima legislatura, la ampliación de la prestación por maternidad, las facilidades para la reducción de jornada o para acogerse a una excedencia por cuidado de hijo y la promoción de la corresponsabilidad en las tareas del hogar. Estamos, pues, en el buen camino, aunque efectivamente queda mucho por andar. No obstante, para alcanzar el objetivo de igualdad entre sexos, toda la sociedad, no sólo las Administraciones Públicas, debemos ponernos a trabajar en ello.

TPP: Según los datos las mujeres españolas tienen menos hijos de los que desearían, aduciendo razones económicas. Lo que sitúa la tasa de fecundidad española a la cola de la Unión Europea (1,3 hijos por mujer), cifra que no llega al 2,2 necesario para garantizar el relevo generacional. Es evidente que son necesarias acciones natalistas que fomenten la natalidad. El PSOE ha apostado por medidas en esta materia como la prestación por nacimiento o adopción, sin embargo, según una encuesta llevada a cabo por Sondea TodoPapás la mayoría de la población considera que es preferible fomentar las políticas de conciliación laboral/familiar. ¿Qué piensa?

JC: Durante esta legislatura, insisto, hemos avanzado enormemente en esas políticas; tanto en las de conciliación, que ya he mencionado, como en las de fomento de la natalidad. No otra cosa es la nueva ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijo, en vigor desde el pasado noviembre, aunque retrotrae sus efectos hasta el pasado mes de julio. Se trata de una ayuda de carácter universal, dirigida a todas las familias sin excepción, puesto que era preciso llegar a todo el mundo con un mensaje claro de fomento de la natalidad, vital para afrontar un futuro no tan lejano.

TPP: España es el país de la Europa de los 27 que menos invierte en política familiar  ¿Que el índice de fertilidad sea el más bajo de Europa es una consecuencia de ello?

JC: Es un hecho que el índice de natalidad en España es de los más bajos de Europa, aunque llevamos unos años que, gracias fundamentalmente a la inmigración, ha ido subiendo de manera reseñable. Sin embargo, no es cierto que España sea el país que menos invierte en ese terreno. Los datos más fiables, que son los que recaba y difunde la Unión Europea, no recogen todavía la evolución registrada durante estos últimos años, sólo la situación que nos encontramos a nuestra llegada, y otras estadísticas interesadas no consideran muchas de las políticas que estamos realizando, como las de igualdad y dependencia, que están dirigidas claramente a proteger a las familias.

Aparte de las medidas contempladas en estas dos leyes y de la ayuda de los 2.500 euros, las ayudas se complementan con 1.000 euros más para las familias numerosas, monoparentales y en las que la madre o el hijo sean discapacitados, que se añaden a las ya existentes para el tercer y sucesivos hijos. Además, hay ayudas para las familias sin recursos de 500 euros anuales durante los tres primeros años.

Precisamente, una de las prioridades que nos hemos marcado para la próxima legislatura es generalizar la educación infantil para los niños de 0 a 3 años, porque creemos que es fundamental que las familias españolas cuenten con ese recurso en la educación de sus hijos y evitar que muchas madres se vean en la necesidad de aparcar su carrera profesional para atenderlos. El objetivo que nos hemos marcado es crear cada año 75.000 nuevas plazas infantiles que calculamos que harán posible que el 90% de las madres trabajadores la obtengan para sus hijos. Para ello, las Administraciones Públicas no sólo asumirán el coste de esa dotación, sino que aportarán una buena parte del coste mensual de la plaza.

Se trata de pasos importantes en el camino hacia la protección integral de las familias españolas, por el que se continuará progresando en los próximos años. Sin duda, la puesta en marcha de estas políticas contribuirán de manera eficaz a aumentar las posibilidades de las familias en el cuidado y educación de sus hijos y, por ende, a aumentar la tasa de natalidad y garantizar, con ello, un futuro sin problemas para nuestra sociedad.