Fotos de menores y cumplimiento de la ley en sitios públicos

Fotos de menores y cumplimiento de la ley en sitios públicos
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No cabe duda de que la frecuencia con la que se instalan cámaras de seguridad y videovigilancia en sitios públicos es cada vez mayor, y sí, como medida para garantizar la seguridad ciudadana está muy bien, pero el uso de sistemas de grabación de imágenes y sonidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incrementa de manera sustancial también el nivel de protección de las personas. La utilización de estas tiene que ser estrictamente respetuosa con los derechos y libertades de los ciudadanos.

Pero es que no es para nada extraño estar en un sitio donde alguien no esté haciendo alguna fotografía o grabando un video, pero el problema está en que en la mayoría de las ocasiones pueden surgir ciertos problemas legales dependiendo del tipo de fotos o videos que hagamos y, sobre todo, en el lugar y con la intención que se hagan. Pues a pesar de que la Constitución recoge el derecho a la información y a la libertad de expresión, también recoge el derecho a preservar la imagen y la intimidad.

 

Por eso, el simple hecho de capturar una imagen o un video sin el consentimiento del individuo puede acarrear determinados problemas legales, y mucho peor si estas llegan a publicarse en redes sociales, pues la persona o el menor que aparezca puede incluso denunciarte. Además, sea como sea, las imágenes de los menores siempre deberán ir pixeladas para que el rostro no pueda ser reconocido.

 

Por su parte, la Ley solamente permite hacer fotografías o grabar a alguien sin su consentimiento en dos ocasiones: en el caso de que se trate de un personaje público en un acto o lugar público o si el material que hemos grabado tiene fines informativos y es de interés público, salvo en los casos siempre de los menores cuyas caras tienen que seguir saliendo pixeladas para no poder ser reconocidas. En estos casos, es decir, cuando fotografiamos en lugares públicos, la principal norma que nos afecta es la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de derecho al honor y a la propia imagen, un derecho a la intimidad que motiva esta ley y que es irrenunciable, pues no puede ignorarse ni siquiera por propia voluntad del afectado. Además, mientras no haya un consentimiento expreso por parte de la persona afectada o una autorización legal se considerará que se está cometiendo una intromisión en la intimidad del otro.

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¿Qué pasa con las videocámaras de vigilancia?

 

Para querer evitar que un exceso de celo en la defensa de la seguridad pueda perturbar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la instalación de cámaras de videovigilancia en lugares públicos se regula por Ley Orgánica, más concretamente por la LO 4/1997, de 4 de agosto y por el reglamento. Pero, además, hay que tener en cuenta que también es de aplicación la normativa de protección de datos pues no debemos olvidar que la imagen es un dato de carácter personal al permitir la identificación de personas físicas.

 

Por ello, para la instalación fija de videocámaras, o cualquier otro medio técnico análogo para la grabación de imágenes y sonidos en la vía pública por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se deberá obtener autorización gubernativa. La resolución que ya se aprobó contenía las limitaciones o condiciones de uso necesarias y las medidas a adoptar para garantizar el respeto de las disposiciones legales vigentes, entre estas, las establecidas para la protección de datos de carácter personal. También deberá precisar genéricamente el ámbito físico susceptible de ser grabado, el tipo de cámara, sus especificaciones técnicas y la duración de dicha autorización.

 

Recordemos que, ya en mayo del 2018 fue plenamente aplicable el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que desplazó la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) lo que hizo elevar las exigencias para la instalación y uso de las cámaras de videovigilancia y para el tratamiento de los datos que se vayan obteniendo de las mismas.

 

Para autorizar la instalación, las grabaciones siempre deberán respetar los artículos 5-11 de la RGPD, en los que los datos e imágenes obtenidos sean tratados de manera lícita, leal y transparente, en los que se limiten a su única finalidad que es mantener la seguridad ciudadana; en los que se minimicen los datos en la medida de lo posible, y que como señala el artículo 6 de la LO 4/1997 la utilización de videocámaras esté presidida por el principio de proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima; en los que se limite el plazo de conservación, pues el RGPD establece que los datos personales serán mantenidos durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; en los que estos últimos que se obtengan con las grabaciones se traten de manera que garantice integridad y seguridad; y en los que la responsabilidad sea proactiva, es decir, que la Administración sea responsable del cumplimiento de los anteriores principios.

 

Pero ¿qué dice la Agencia Española de Protección de Datos al respecto?

 

Pues bien, tal y como señala, será necesario elaborar el registro de actividades de tratamiento que se realicen a través de la videovigilancia; cumplir el derecho de información mediante un cartel en el que se indique, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso y supresión que regula la RGPD y, finalmente, adoptar las correspondientes medidas de seguridad, técnicas y organizativas que garanticen el cumplimiento de lo previsto en el RGPD.

 

Además, cada vez que se produzca una violación o quiebra de la seguridad, es decir, la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de las grabaciones deberá comunicarse a la AEPD en un plazo máximo de 72 horas y, cuanto antes, a las personas físicas afectadas. Podemos observar, por tanto, que el uso de los medios de grabación de imágenes y sonidos que vienen siendo utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pese a sus evidentes ventajas para la defensa de la seguridad, está fuertemente regulado en garantía del respeto de los derechos de los viandantes, entre ellos, el derecho a la imagen y a la protección de datos.

 


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Fuentes:

BOE Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-17574

AEPD Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades https://www.aepd.es/media/guias/guia-videovigilancia.pdf

Fecha de actualización: 02-01-2019

Redacción: Ana Ruiz

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