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Entrevista a José Chamizo de la Rubia


Por lo que se refiera a menores inmigrantes es imprescindible hacer de la escuela una herramienta esencial de integración y normalización. Y no puede convertirse en un espacio que reproduce sistemas de concentración de alumnado inmigrante que provoca fórmulas de exclusión o marginación, como de hecho está ocurriendo. La escuela ya sea pública o concertada debe evitar sistemas que concentren a este alumnado repartiendo su presencia entre las plazas disponibles y propiciando una educación para todos y no erróneamente “especializada” en niños de fuera. 



TPP: ¿Qué propondría para que Internet fuese un espacio seguro para nuestros menores?

Creo que hoy las tecnologías ofrecen más soluciones de las que se quieren aplicar. Buscadores que bloquean determinados contenidos de riesgo, huellas informáticas que permiten controlar accesos inadecuados, etc. son fórmulas que pueden eliminar muchos de estos problemas. Pero insisto en lo que he dicho antes: el papel de la familia poniendo cuidado y ayudando en el buen uso de estas tecnologías es fundamental. No es normal abandonar a niños durante horas y horas delante de un ordenador por simple comodidad.


TPP: ¿Cree que los responsables de la programación infantil y de la protección del horario protegido han tomado medidas suficientes y apropiadas tras todo el revuelo que provocó este tema a principios de curso? 

Rotundamente no y me parece una vergüenza que no sepamos comprender el daño que se está haciendo con estos contenidos inadecuados, reconocidos por las cadenas y permanentemente incumplidos.

Algunos datos...

José Chamizo de la Rubia, nacido en Los Barrios (Cádiz) en 1949, es sacerdote y Licenciado en Historia de la Iglesia, por la Universidad Gregoriana de Roma, en Historia Contemporánea, por la Universidad de Granada, y tiene la diplomatura en Biblioteconomía por la Ciudad del Vaticano.

Está especialmente vinculado en tareas de asistencia y apoyo ante problemas de drogodependencias y de lucha contra la marginación y la pobreza, principalmente en la comarca del Campo de Gibraltar. Ha dirigido durante años la creación y organización de numerosas asociaciones y colectivos de lucha contra la droga. Su actividad en esta labor mereció en 1994 la concesión de la Medalla de Andalucía.

Fue designado Defensor del Pueblo Andaluz por el Pleno del Parlamento en julio de 1996 y reelegido para un nuevo mandato en noviembre de 2001.

Con fecha 18 de Diciembre de 2002 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.


 

 
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